El Ejecutivo autonómico, a través de altos cargos de la Conselleria d'Obres Públiques, se ha dirigido en varias ocasiones al Consell Insular de Mallorca para consensuar una moratoria en suelo urbano con el fin de frenar en seco el actual ritmo de la construcción en las islas. Sin embargo, la postura del Consell Insular de Mallorca, planteada a través de Rafael de Lacy, presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, ha sido muy clara: no hace falta ninguna moratoria en suelo urbano.
El Consell ha manifestado al Govern que una medida de esta envergadura provocaría una gran inseguridad jurídica entre los promotores. En cambio, la institución insular aboga claramente por adoptar medidas transitorias para frenar la construcción a través del plan territorial de Mallorca. El Consell también ha puntualizado al Govern que la posibilidad de aplicar una moratoria en suelo urbano no forma parte del acuerdo del Pacte de Progrés y que por lo tanto los partidos de izquierdas no contarían con el apoyo de Unió Mallorquina para llevar a cabo su plan. Después de escuchar la postura del Consell parece poco probable que el Govern se atreva a impulsar en solitario una moratoria en suelo urbano, una facultad que el Ejecutivo tiene actualmente gracias a las Directrices de Ordenación del Territorio. El Govern no necesitaría ni ir al Parlament para poder aplicar dicha moratoria. El Consell pretende que todas las medidas transitorias que se puedan adoptar durante los próximos meses, y que difícilmente afectarían al suelo urbano, se pongan en marcha una vez que se haya producido el traspaso de todas las competencias de ordenación del territorio a las instituciones insulars.
Sin embargo, la nueva ley de ordenación del territorio avanzada ayer por este periódico despeja muchas dudas sobre los planes urbanísticos del Govern de Antich. La medida más impactante es la ampliación del plazo de moratoria, que en la actualidad tiene un límite de un año ampliable a otro. Con la nueva ley se podría aplicar una moratoria de hasta cinco años y adoptar unas medidas transitorias sin precedentes en Balears.