El secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, firmó ayer antes de su cese definitivo la orden que permite la puesta en marcha de la línea de reserva de la desaladora, cuyo coste será de 950 millones de pesetas. De esta forma, Isabel Tocino se marcha del Ministerio cumpliendo el compromiso adquirido en su día con la delegada del Gobierno, Catalina Cirer.
En el documento se autoriza la transferencia de los 950 millones a una cuenta de Delegación del Gobierno, de forma que el dinero necesario para la ampliación de la planta estará en 15 días. El Govern presentó una modificación del proyecto para que el coste total de la obra, cifrado en 1.250 millones de pesetas, se rebajara finalmente a 950 millones. Al tratarse de una cantidad inferior a los mil millones de pesetas, basta con que el Consejo de Ministros se de por enterado del proyecto ya que no se requiere la aprobación de este órgano de gobierno.
En el Govern balear existía una gran preocupación ante la posibilidad de que las obras se retrasaran y la ampliación de la planta ni siquiera estuviera lista para finales del verano. Ahora, con la decisión ya tomada, las obras se prolongarán al menos por espacio de cuatro meses, de forma que hasta septiembre no se conseguirán los 7.000 metros cúbicos de agua que dará esta nueva línea.