El coordinador general de Esquerra Unida en Balears, Eberhard Grosske, lanzó ayer a su partido a una nueva «cruzada judicial» al personarse como acusación particular en el «caso e-mail». Con una batería de argumentos y expresiones que recordaron otros célebres procesos judiciales en las islas, como los casos «Túnel de Sóller», «Calvià» y «Agricultura», Grosske irrumpió en el supuesto caso de espionaje electrónico que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell. El dirigente político habló ayer de «delincuentes», «corrupción», «querellas», «espionaje» y realizó una alusión directa al presunto beneficio económico obtenido por empresarios del sector de la construcción por haber tenido acceso, a través del PP, a los correos de e-mail enviados a la Comisión de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca. Grosske, quien precisó que la coalición no descarta presentar también una querella, señaló que los servicios jurídicos de esta formación han estimado que «era mejor comenzar por personarse» en la causa, iniciativa que les daría acceso al expediente y permitiría proponer diligencias en lo que consideró «un caso de corrupción política». Reconoció que tiene sus propias hipótesis «sobre quién es el delincuente» en este caso y agregó que «hay una posibilidad de apuntar en estos momentos de forma directa e inmediata al funcionario que recibía este correo electrónico, pero esto nos desviaría de la diana adecuada».
Desde su punto de vista, «quienes se beneficiaron de este caso
de espionaje electrónico fueron los responsables políticos del
anterior Govern».
No obstante, dijo que, a título personal, baraja la hipótesis de
que, además de que el anterior Ejecutivo autonómico «se aprovechó
políticamente, también se aprovecharon económicamente promotores
que estaban implicados o afectados por la política urbanística del
Consell de Mallorca».