Fuentes del Govern confirmaron ayer que existe la posibilidad de que el Ejecutivo se desprenda de su participación accionarial en la empresa Bitel, que asciende al 46%, una vez que el juez concluya las investigaciones abiertas por el supuesto caso de espionaje electrónico. Sus socios en la empresa de telecomunicaciones, Telefónica (44%) y Sa Nostra (10%) esperan con expectación la decisión final que adopte el Govern, ya que están dispuestas a compartir el control de Bitel.
Telefónica «está a la espera de los acontecimientos», confirmó ayer el delegado territorial de la empresa en Balears, José Renuncio. «No podemos pronunciarnos en ningún sentido ya que el tema está bajo tutela judicial. Una vez que concluya el sumario y el juez adopte una determinación, sabremos a qué atenernos», declaró a este diario. Un portavoz del Govern admitió ayer que la judicialización de Bitel es un «obstáculo importante» en la continuidad del Ejecutivo en la empresa. Bitel fue creada en 1998 por el Ejecutivo que presidía Jaume Matas y el juez Enrique Morell investiga un supuesto delito de espionaje a través de Internet.