De fugaz podría calificarse el paso de Antoni Villalonga por la dirección de la polémica empresa informática Bitel, de la que el Govern balear posee el 46% de las acciones. Tras el escándalo del presunto caso de espionaje político al Consell de Mallorca, del que supuestamente se benefició el PP, el Govern de Francesc Antich forzó la dimisión de Enrique Adán, entonces director de Bitel, no por su posible responsabilidad al no haber podido garantizar el secreto de las comunicaciones que pasaban por la empresa, sino por una nota que no gustó al Govern.
El nombramiento hace diez días de Antoni Villalonga, a propuesta de la consellera de Energia i Innovació Tecnològica, Misericòrdia Ramon, se ha revelado ahora como precipitado y erróneo.
Menos mal que Antich ha sabido coger el toro por los cuernos y ha puesto fuera de la empresa al recién estrenado director. ¿El motivo? Al parecer Villalonga arrastraba en su isla natal, Menorca, una fama nada favorable, figurando en su currículum como empresario nada menos que una sanción de Hacienda por valor de treinta millones de pesetas y otras presuntas irregularidades cuando estuvo al frente de Selec Balear.
El Govern ha reaccionado con firmeza y con valentía, asumiendo el precio de un nuevo desgaste político, pero cortando por lo sano antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, no estaría mal que la próxima vez cuente hasta cien antes de tomar una decisión que puede volver a ponerle en el ojo del huracán informativo. Los nombramientos, ya se sabe, son casi lo más delicado de la gestión política y hay que andarse con pies de plomo antes de dar el visto bueno a alguien que pueda traer a sus espaldas problemas difíciles de clarificar después.