El Govern ha pedido la convocatoria de la junta de accionistas de Bitel para forzar la dimisión del director de la empresa, Enrique Adán, al entender que el acuerdo del consejo de administración en relación al supuesto espionaje informático no se reflejó fielmente en la nota de prensa. La consellera d'Innovació Tecnológica, Misericòrdia Ramon, cree que los accionistas deben pedir el relevo de Adán, aunque el Govern también espera la renuncia voluntaria del director de Bitel, quien además es consejero delegado de la sociedad. Ramon considera que Adán no cumplió el acuerdo del consejo de administración cuando difundió en la nota de prensa de Bitel que el error en las direcciones electrónicas no había sido intencionado. Ramon reconoció que el futuro de Bitel dependerá del desarrollo de las investigaciones judiciales. El Govern posee el 46 por ciento de las acciones de Bitel, mientras Telefónica controla el 44 por ciento y Sa Nostra, el 10 por ciento. Es decir, el Govern no tiene mayoría y sólo podrá lograr su objetivo de relevar a Adán si cuenta con el apoyo del resto de accionistas.
El Govern también difundió un vídeo de un debate del Parlament para intentar demostrar que Matas utilizó información privilegiada del Consell Insular de Mallorca en materia urbanística. En las imágenes, Matas enseña una carpeta que, según el propio dirigente del PP, contenía información interna sobre el Plan Territorial de Mallorca, que estaba preparando el Consell. Francesc Quetglas, cuyo correo electrónico era desviado al gabinete de Matas, aseguró que dicha información pudo obtenerse gracias al supuesto espionaje informático. Matas precisó ayer mismo que dicha información fue entregada por el Consell en unas jornadas celebradas a finales de septiembre en el Hotel Palas Atenea, donde estuvieron presentes unas 50 personas.
Quetglas reiteró, en una rueda de prensa celebrada conjuntamente en el Consolat de Mar con Misericòrdia Ramon y el conseller de Presidència, Antoni Garcias, que él hacía un gran uso del correo electrónico, y que por este motivo el gabinete de Matas pudo tener acceso a información privilegiada de su departamento durante mucho tiempo. En concreto, Quetglas plantea que el antiguo Govern pudo utilizar la información sobre la desclasificación de urbanizables, que era preparada en secreto por el Consell, para avisar de la medida a algunas promotoras. «Curiosamente, algunas de las obras que habían sido paralizadas durante años se pusieron en marcha pocos días antes de las visitas de inspección: un claro ejemplo son las urbanizaciones de Sa Marina y Sa Pleta de sa Ràpita», relató Quetglas.