El Gobierno central quiere privatizar la gestión de los aeropuertos españoles, actualmente en manos del ente público AENA. El control de determinados aeropuertos "como los baleares" será un bombón más que apetecible para muchas grandes empresas de este país, aunque no ocurrirá lo mismo con las infraestructuras poco rentables.
Y ahí precisamente estará el principal escollo a la hora de adjudicar los contratos. Porque sin duda el Gobierno pretenderá que una sola entidad se haga cargo de todo el paquete, es decir, los grandes y los pequeños aeropuertos, para no perjudicar a las provincias menos favorecidas. Y ahí también estará el mayor perjuicio para nosotros. Porque si bien nada hay "a priori" en contra de que un organismo privado se haga cargo de la gestión de nuestros aeropuertos, sí que resulta inconveniente que ésta siga estando centralizada y en manos ajenas a los intereses de las Islas. En este sentido, se ha pronunciado el Parlament balear, con acuerdo de todas las fuerzas políticas, solicitando que la gestión de nuestros aeropuertos se haga a través de un consorcio en el que estén representados tanto las instituciones autonómicas como las empresas privadas.
De momento nada se sabe de las condiciones que el Gobierno exigirá a las posibles adjudicatarias del control aeroportuario, pero ya ha adelantado que las comunidades autónomas no tendrán ningún papel en este asunto. Se trata, desde luego, de una decisión lamentable que todavía están a tiempo de rectificar.
De cualquier forma, el grave problema del transporte aéreo no se resuelve con privatizar o no los aeropuertos. Lo que realmente preocupa a los ciudadanos son los vuelos interinsulares y con la Península, siempre con la amenaza de quedar incomunicados por falta de aviones, así como los casos de overbooking y las huelgas de pilotos y controladores aéreos. Estos son los auténticos problemas.