El Ajuntament de Palma cometió dos infraccicones muy graves de la ley de protección de datos en el sistema de expedición de certificadoss de residencia a través de cajeros automáticos y por ceder datos de funcionarios a un sindicato, según denunció ayer el director de la Agencia de Protección de Datos (APD), Juan Manuel Fernández López, en el transcurso del seminario que está teniendo lugar en el Bendinat Golf-Hotel sobre la nueva ley de Protección de Datos.
La APD investigará también la información que se ofrece a los usuarios de la tarjeta ciudadana. El director de la APD afirmó que si otros consistorios de Balears emplean el mismo sistema para los certificados de residencia «habrá que iniciar otro procedimiento sancionador. El ciudadano tiene derecho a que, si se le ha causado algún daño, se le indemnice».
Asimismo, la APD considera que el Ayuntament de Palma es responsable de una infracción muy grave de la ley de protección de datos cometida en noviembre de 1998, cuando cedió los nombres completos y las direcciones de los funcionarios municipales a un sindicato que los utilizó para enviar propaganda a unas 700 personas con vistas a las elecciones a la Junta de Personal.
En cuanto a las deficiencias en la información sobre la tarjeta ciudadana, Fernández reiteró que los usuarios deben conocer quién y cómo se gestionan sus datos para poder corregirlos o eliminarlos».