El presidente del Govern, Francesc Antich, aseguró ayer que el Ejecutivo mantiene la opción de emplear suelo rústico para poder construir viviendas protegidas a precios asequibles, a pesar de la radical oposición a esta propuesta manifestada por la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar.
«Hay que hacer compatible el nuevo modelo de crecimiento con las necesidades sociales», afirmó el president. Antich aseguró que las actuaciones urbanísticas en suelo rústico se ejecutaran en aquellos terrenos que estén colindantes al suelo urbano. «No se harán bloques de viviendas en la Serra ni en Aucanada», afirmó el presidente. El presidente aseguró que el Govern necesita obtener suelo barato para poder construir viviendas dignas a precios razonables. «Lo que intentamos es dar soluciones a un problema social que afecta a mucha gente», afirmó.
El president aseguró que esta propuesta está contemplada incluso en la Ley de Suelo Rústico. «La Ley de Suelo Rústico faculta a la administración a hacer reservas de terreno para uso público siempre que las actuaciones urbanísticas se consideren de interés público», informó el president del Govern.
El president afirmó que la intención del Govern es realizar una política de redistribución de la riqueza a precios asequibles y aseguró que la posibilidad de expropiar suelo rústico no es más que una actuación entre un amplio conjunto de medidas que prepara el Ejecutivo. Por ejemplo, Antich aseguró que el Govern está trabajando desde hace tiempo en la redacción de un nuevo decreto de rehabilitación con el que se pretende conceder ayudas para primar este tipo de edificación frente a las nuevas urbanizaciones.
Otra posibilidad que estudia el Govern pasa por la necesaria colaboración de los ayuntamientos de las Islas. Antich aseguró que es preciso hablar con los responsables municipales para que pongan a disposición del Ibavi suelo barato y de una manera rápida. De hecho, Antich destacó que el problema de la falta de suelo y el previsible aumento del precio de la vivienda debido a las medidas restrictivas en suelo urbano afecta a numerosos ayuntamientos de las Islas, no sólo a los grandes municipios.