Incentivar los contratos de mujeres para superar situaciones de discriminación, incentivar la participación de mujeres en programas de formación, aplicar la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en el ámbito de la negociación colectiva y el control administrativo de los convenios colectivos para analizar la posible existencia de elementos discriminatorios por razón de sexo son algunas de las medidas políticas que el Govern de les Illes llevará a la Mesa de Diálogo Social e introducirá en el Pacto por el Empleo.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el conseller de Treball, Eberhard Grosske, y la consellera de Benestar Social, Fernanda Caro, presentaron ayer el programa de políticas ocupacionales que se pondrán en marchan para facilitar la inserción laboral de las mujeres.
La consellera Fernanda Caro manifestó que estas medidas se impulsarán a través del Institut Balear de la Dona, que se constituirá en las próximas semanas.
Eberhard Grosske dijo que la situación de la mujer justifica estas medidas, «ya que, paradógicamente, a pesar de ser mayoritaria la presencia de la mujer en la universidad, el 70% del analfabetismo existente es femenino».
El conseller se refirió, asimismo, a la mayor participación de los hombres en el mercado laboral de las Islas, ya que frente a un 66% de hombres activos en edad laboral hay un 43% de mujeres.
La desigualdad se hace patente también en los salarios, que en
el caso de las mujeres siguen siendo un 33% inferiores a los de los
hombres.
Maite Silva, Joana Redondo y Agustina Canosa, representantes de los
sindicatos UGT y CC OO, aplaudieron la creación del Instituto
Balear de la Dona y resaltaron la necesidad de seguir celebrando
una jornada como esta «mientras siga siendo necesario denunciar la
situación que viven muchas mujeres en el mundo», apuntó Joana
Redondo, secretaria de organización de CC OO. La consellera de
Benestar Social apoyó esta idea y condenó públicamente la sentencia
de muerte de una mujer indonesia, acusada del delito de adulterio y
anunció la adhesión de la Conselleria a la campaña para salvar la
vida de esta mujer de 35 años, embarazada, condenada por un
tribunal islámico de Emiratos Àrabes.