La banda terrorista ETA volvió a irrumpir el lunes en la campaña electoral con un atentado que pudo provocar una auténtica matanza, aunque por fortuna sólo hirió de carácter leve a siete personas, dos de ellas guardias civiles. De inmediato los políticos de todos los signos han sacado a la luz sus intenciones y sus propuestas en materia antiterrorista. Diversos líderes del Partido Popular, incluido el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, han reiterado su firme voluntad de no negociar con la banda armada y de encauzar la lucha por la paz desde la estrategia policial y la aplicación de la ley; un método que ha dado buenos resultados en cuanto a detenciones de terroristas pero que no ha evitado, por desgracia, los atentados.
También el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Joaquín Almunia, ha situado en un lugar prioritario de su gestión "si gana las elecciones" el problema vasco. Y ha prometido que lo primero que hará será convocar a todas las fuerzas políticas para establecer un programa de pacificación supuestamente basado en el diálogo con los terroristas, como ya hicieran otros gobiernos socialistas.
En medio del huracán se encuentra el PNV, a quien todos los partidos estatalistas piden que abandone de una vez el Pacto de Lizarra, como si este hecho pudiera tener alguna consecuencia positiva para la consecución de la ansiada paz.
En el laberinto vasco parece que todas las salidas conducen a un nuevo atentado y, una vez concluida la larga tregua etarra, no hay una solución clara al problema. Quizá lo único que quepa esperar sea la férrea unión de todos contra la violencia para demostrar a ETA que está de sobra y que los dirigentes terroristas decidan de una vez modificar su estrategia de muerte y terror.