El Ajuntament de Palma no está dispuesto a ceder el control del agua al Govern y si se ve obligado a hacer la cesión por una ley del Parlament exigirá compensaciones multimillonarias. De hecho, tan sólo la posible cesión de los embalses ya ha sido tasada en unos 15.000 millones de pesetas por Maria Crespo, presidenta de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (EMAYA).
La presidenta de la empresa municipal consideró inaceptable la intención del Govern de crear un organismo supramunicipal que gestione el agua y que deje a EMAYA al margen del suministro. Crespo aseguró que EMAYA es una empresa municipal que debe garantizar el suministro de agua a sus ciudadanos, por lo que debe ser la empresa quien controle el agua en alta.
«No es lógico que, cada vez que Palma necesite agua, tenga que solicitar permiso al Govern para garantizar el suministro a los ciudadanos», afirmó Crespo. La presidenta recordó además al Govern que la empresa municipal da en estos momentos suministro al 70 por ciento de la población de Mallorca, por lo que ninguna institución puede dar la espalda a esta realidad.
La presidenta de la empresa municipal afirmó que no está en el ánimo del Ajuntament ceder todas sus infraestructuras en materia hidráulica. Añadió que si el Govern persiste en su intención de hacerse con el control del agua deberá comprar las infraestructuras, porque el Ajuntament no tiene intención de cederlas.
De hecho a los 15.000 millones que la empresa estima que cuestan los embalses, Maria Crespo añadió los 2.000 millones de coste de la potabilizadora, los 900 millones invertidos durante estos años en mejora de las redes de distribución en Palma y otras cantidades no especificadas que también serán reclamadas al Govern en caso de que quite por ley las competencias a EMAYA.