Los estudiantes de secundaria de Balears se han sumado a las movilizaciones convocadas en todo el ámbito nacional por el Sindicato de Estudiantes, en contra de los cambios introducidos por el Gobierno del PP en la Selectividad.
La reforma de las pruebas de acceso la universidad ha sido contestada, también, por los partidos de la oposición, los sindicatos, los rectores y algunas comunidades autónomas, que consideran que el Ministerio de Educación y Cultura aprobó un real decreto sin el consenso de todas las partes y con excesiva precipitación.
Los principales cambios que introduce esta reforma hacen referencia a la estructura de la prueba, que ahora se divide en dos partes: la primera, de carácter general, que versará sobre las materias comunes del Bachillerato y COU, y la segunda, de carácter específico, que trata de las materias de la modalidad, relacionadas con los estudios universitarios posteriores. Además, se elimina la opcionalidad en los ejercicios comunes.
El sistema de corrección también cambia, ya que en las
reclamaciones hay posibilidad de pedir una segunda e, incluso, una
tercera.
Sobre la nota definitiva, ahora se otorga mayor peso (60%) al
currículum y menos a la nota de la prueba (40%), cuando antes ambas
contaban igual.
Los opositores a la reforma aducen que algunos cambios empeoran las
condiciones en las que se realiza el examen, se endurecen las
pruebas y el sistema de corrección es peor ahora.
La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes opina que el Real Decreto por el que se regula la prueba de acceso a la universidad «se hizo con excesiva rapidez» y puede tener consecuencias negativas para el estudiante.
Para Martí March, director general d'Universitat, aclara ante todo, que «este decreto es competencia del Gobierno del PP» y que esta Conselleria está en desacuerdo con «que se valore en función de la opción elegida, con el sistema de corrección, porque encarece y plantea agravios, y con la nueva estructura, ya que ésta se ha cambiado en mitad de un curso».