La Conselleria de Medi Ambient reconoció ayer que el estado de las reservas de agua en Baleares es «alarmante» y «va a peor», pero «no es una situación nueva» y es fruto de «un crecimiento descontrolado tanto urbanístico como turístico y de una política hídrica basada en la oferta de agua a cualquier precio».
La consellera, Margalida Rosselló, criticó el «alarmismo» creado por EMAYA en torno a la falta de agua y aclaró que en Mallorca, la diferencia entre enero de 1999 y enero del 2000, con unos recursos existentes de un 40'6 y 36'7% respectivamente, «no es tan importante como se quiere hacer creer» y acusó a la empresa de «hacer electoralismo».
Rosselló avanzó ayer que la reordenación de la política hídrica que el Pacte de Progrés ha planificado incluye una subida del precio del agua (incentivando el buen uso del agua), «pues se trata de un bien escaso y tiene su precio, además no se puede fomentar el ahorro y, a la vez, subvencionar el consumo», añadió el director general de Recursos Hidráulicos, Antoni Rodríguez. Éste defendió que el incremento del precio del agua debe destinarse a la preservación de los recursos.
Según los datos de los que dispone el Govern, y que aún contrasta con los aportados por EMAYA, la situación más dramática la padece Menorca, mientras que Eivissa y Formentera dependen desde el año 1990 de las desaladoras.
Así, las cosas, la política que se pretende acometer desde ya pasa por un plan de ahorro y eficiencia en el uso del agua que afectará a nuevos edificios y a la gestión de la demanda de los grandes consumidores (hoteles, instalaciones deportivas y portuarias).
Son también objetivos el desarrollo de un plan de actuaciones en las zonas afectadas por la contaminación por nitratos, la redifinición de la estructura de la Administración Hidráulica de Balears, la nueva regulación del canon del agua, en la que ahora se trabaja, la regulación del precio del agua y la aprobación de una normativa sobre sondeos, concesiones y autorizaciones de aguas subterráneas. Al respecto, Rodríguez calificó de «disparatadas» algunas de las 1.600 autorizaciones de nuevos pozos concedidas el año pasado.