El rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, se mostró ayer «muy sorprendido» por las declaraciones realizadas el pasado viernes por el presidente del Govern, Francesc Antich, con respecto a una posible rescisión del contrato de servicios que la Comunitat tiene con la Universitat para la organización de las pruebas selectivas a los aspirantes al bolsín de interinos de la CAIB. «Debo aclarar que no existe ningún contrato entre la UIB y el Govern para la elaboración de los cuestionarios», declaró poco antes de participar en un acto organizado en el edificio Sa Riera de la UIB.
Huguet afirmó que esperaba a lo largo del día de ayer una rectificación por parte del Ejecutivo. «Confío en que desde el Govern haya una rectificación a las declaraciones que hoy (ayer) aparecen en la prensa, la particular referida a un contrato que, insisto, no existe. Lo que sí hay es una respuesta de la institución (la UIB) para intentar ayudar a la realización de estas pruebas por la voluntad personal de los profesores implicados», aseguró. El rector admitió que en todo el proceso de la confección de preguntas a los opositores a un puesto en la CAIB hayan podido haber errores.
«Seguramente han existido esos errores en la confección de las preguntas, que nosotros aceptamos y asumimos, pero también han habido errores de procedimiento que no son nuestros». Por su parte, el Govern se apresuró ayer a aclarar que «seguirá colaborando con la UIB, desde la más estricta complicidad, en todo tipo de iniciativas de interés para los ciudadanos de Balears, como es el caso de las pruebas para el bolsín de interinos».
En un comunicado aclaratorio, el Govern reitera su total confianza en la Universitat balear «como institución idónea para la realización de estas pruebas» y rechaza cualquier recelo o desconfianza por su parte respecto a la actuación de la UIB pese al hecho de que se hayan producido algunos desajustes en la realización de determinadas pruebas. El Ejecutivo expresó su satisfacción por la ejecución de estas pruebas que suponen «un paso adelante en la transparencia y el respeto del principio de igualdad en el acceso a la función pública».