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El Govern garantizará «ingresos mínimos» a las personas que no encuentren empleo

El Ejecutivo balear incentivará a las empresas que reduzcan la jornada laboral a 35 horas y creen puestos de trabajo estable

Fuster, Oliver, Antich, Grosske, Benedicto y Bravo, ayer, poco después de firmar el documento del Pacto por la Ocupación. Foto: TOMÀS MONSERRAT.

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El Pacto por el Empleo, la Cohesión Social y el Fomento de la Economía Productiva en les Illes Balears presentado ayer en el Consolat de la Mar por el presidente del Govern, Francesc Antich, el conseller de Treball, Eberhard Grosske, patronales y sindicatos, recoge una batería de acuerdos para la mejora del sistema público de protección social, la ocupación y la inserción laboral. El Pacto se configura en tres grandes planes: Para la ocupación e inserción laboral, de fomento de la economía productiva y de mejora del sistema público de protección social. Uno de los aspectos más relevantes es el horario laboral. El Govern se ha comprometido en el Pacto a instaurar de forma progresiva antes del 1 de enero del 2001 en el conjunto de la Administración autonómica y en sus empresas públicas, la aplicación de la jornada semanal de 35 horas.

Como «posición de parte», el Govern manifiesta que, si no se llega a acuerdos satisfactorios en esas negociaciones, elaborará y aprobará por decreto, incentivar a aquellas empresas que reduzcan de manera efectiva la jornada laboral y las horas extraordinarias, a través de la negociación sindical, y que esta reducción signifique la creación de nuevos puestos de empleo estable. En este último aspecto, las partes coinciden en señalar que «la cohesión y el bienestar social son la clave para la consolidación de un modelo de desarrollo que recoja las aspiraciones del conjunto de la población que vive y trabaja en las Islas Baleares».

La primera propuesta en ese sentido recoge la modificación de la normativa actual que regula renta mínima de inserción, en el sentido de ampliar los actuales niveles de cobertura y las modalidades de prestaciones, para garantizar unos ingresos mínimos a todas aquellas personas con especiales dificultades para su inserción en el mercado laboral.

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