El informe que el Consell Consultiu ha elaborado sobre el anteproyecto de ley de consells insulars emplaza al Govern a abandonar el actual proyecto y redactar otro alternativo ya que asegura que Munar no puede tener un verdadero gobierno insular. De hecho, todo el texto representa un auténtico varapalo a lo que en su día acordaron Francesc Antich y Maria Antònia Munar como condición indispensable para formar el Pacte de Progrés. El Consell Consultiu entiende que la esencia de proyecto presentado vulnera no sólo el Estatut, sino que además va en contra de la propia Constitución.
El informe desmonta las aspiraciones de Munar para el Consell en cinco de sus puntos fundamentales. En primer lugar, asegura que los consells no son instituciones de autogobierno, ya que esta potestad queda limitada al ámbito autonómico. A partir de esta afirmación, el Consell Consultiu niega a las instituciones insulares la capacidad normativa reglamentaria y matiza que tan sólo tendrán esta potestad en determinados supuestos que así lo especifique la ley.
El órgano asesor del Ejecutivo considera inadmisible que el anteproyecto niegue la posibilidad de presentar un recurso de alzada ante el pleno contra las decisiones que adopten los miembros del gobierno insular. «El Consell Insular per se (...) quedará marginado frente a las decisiones del Govern insular y de sus órganos, pues carecerá de oportunidad para revisarlas a través de los susodichos recursos de alzada», afirma el documento.
Sin embargo, el punto clave del informe está en las consideraciones que realiza en torno al gobierno insular y la participación de personas no electas en este gobierno. Asegura el texto que el principio de legalidad que marca la Constitución española radica única y exclusivamente en el pleno y en la Comisión de Gobierno. «Ello significa que el poder de los Consells (...) se centra en los diputados democráticamente elegidos, integrantes de los susodichos pleno y Comisión de Gobierno».