La delegada del Gobierno, Catalina Cirer, advirtió ayer que su departamento tiene la obligación de recurrir o impugnar la ley de consells en caso de que ésta no se adapte a la legislación estatal vigente. Cirer comentó que Delegación del Gobierno tiene que velar por la legalidad de todas y cada una de las disposiciones que se aprueban en las Islas, ya sean del Govern, de los consells o de los ayuntamientos.
Catalina Cirer reconoció que, hasta que no se conozca el texto definitivo, no se podrá confirmar si cabe o no un recurso. En cualquier caso, precisó que cualquier norma tiene la obligación de ajustarse a la Constitución y a la legalidad marco del Estado. Con respecto al informe elaborado por el Consell Consultiu "en el que se cuestiona la posibilidad de que personas no electas ocupen cargos ejecutivos en el gobierno insular" la delegada del Gobierno opinó que el Govern tiene el deber y la obligación de respetar y atender las recomendaciones del Consell Consultiu, «de la misma manera que lo han hecho hasta ahora los gobiernos anteriores».
«El Consell Consultiu asesora acerca de la legalidad de las normas y está formado por profesionales de reconocido prestigio muy serios que velan por el cumplimiento de la ley», añadió la delegada del Gobierno.
Por su parte, el miembro de la Ejecutiva de Unió Mallorquina, Ferran Trujillo, se mostró muy prudente a la hora pronunciarse acerca de la decisión del Consell Consultiu. El concejal de UM en el Ajuntament de Palma se limitó a indicar que espera poder estudiar con detenimiento el texto para poder dar su opinión en la ejecutiva que los nacionalistas celebran el próximo lunes.