El Govern que preside Francesc Antich tiene la intención de proponer al Ejecutivo central la elaboración de una ley global que regule el salario social en todas las comunidades autónomas, incluida, por supuesto, Balears. Antich y la consellera de Benestar Social, Fernanda Caro, señalaron ayer en una rueda de prensa que esa medida correctora tiene por finalidad reducir la incidencia en las Islas de las bolsas de pobreza, a través de incrementos en las rentas mínimas de unas 10.500 personas.
Antich y Caro criticaron con dureza a los dirigentes del Partido Popular, tanto de Madrid como de Balears, por la «nula sensibilidad de ese partido político hacia el colectivo más necesitado de la población balear». El Gobierno central, como se sabe, interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la decisión del Ejecutivo autonómico de incrementar las ayudas a las pensiones no contributivas. El complemento, que empezó a pagarse la semana pasada, osciló entre las 28.000 y 30.000 pesetas.
Antich recalcó que el Ejecutivo autonómico actuó en el marco de sus competencias, respetando la distribución constitucional y estatutaria de las competencias, y añadió que la subida es compatible con la caja única de la Seguridad Social.