El anteproyecto de ley de consells insulars que han consensuado los firmantes del Pacte de Progrés suprime la constitución de las comisiones insulares de urbanismo y patrimonio y deja la gestión de estas dos materias en manos exclusivas de los respectivos consellers responsables.
La supresión de estas dos comisiones, que garantizaban la pluralidad y la transparencia en las decisiones del Consell al tratarse de reuniones públicas, se consagra a través de la derogación de una serie de artículos de las leyes de traspaso de competencias a los consells. El anteproyecto que presentó la pasada semana el conseller de Presidència, Antoni Garcías, incluye una amplia disposición derogatoria por la que queda sin efecto cualquier ley que contravenga lo que dispone el nuevo texto.
Sin embargo, específicamente el proyecto deroga «de manera especial», como dice textualmente, una serie de artículos de las diversas leyes de traspasos de competencias. Además de la eliminación de las comisiones insulares y sus respectivas ponencias técnicas, las disposiciones derogatorias implican además que los posibles recursos que se presenten en ambas materias serán resueltos por los órganos de gobierno sin necesidad de llegar al pleno del Consell.
Por lo que respecta a la posibilidad de imponer sanciones, las disposiciones derogan que las sanciones las imponga la presidenta, en caso de sanción leve, o el pleno del Consell, en caso de sanción grave, pero no determinan de quién será a partir de entonces la facultad de sanción. Estas disposiciones derogatorias afectan a los traspasos de competencias en materia de urbanismo, régimen local, patrimonio histórico, actividades clasificadas, ordenación turísticas (sólo para Menorca y Eivissa) y menores.