El Govern tendrá derecho a imponer a cualquier municipio desde el vertedero de cenizas a la planta de regasificación o cualquier instalación de interés aunque el ayuntamiento afectado se oponga. Los cuatro partidos que conforman el Pacte de Progrés han presentado una enmienda conjunta a la ley de acompañamiento a los presupuestos en la que dejan a los municipios sin la capacidad de conceder o denegar licencias o autorización para cualquier instalación clasificada.
La enmienda añade al texto una enmienda adicional que ya ha sido incorporada de manera provisional en los trabajos realizados en la ponencia parlamentaria que estudia las cuentas de la Comunitat. Lo que en realidad implica esta enmienda es que los municipios se quedan sin competencias a la hora de conceder licencias por lo que el PP ya advirtió en la ponencia que la enmienda es inconstitucional. La Constitución garantiza en sus artículos 137 y 141 la autonomía de los ayuntamientos, que más tarde quedó plenamente recogida en la Ley de Bases de Régimen Local.
Con la propuesta presentada por los firmantes del Pacte de Progrés se asegura que cualquier actividad programada en un plan territorial parcial o en un plan director sectorial, como el de residuos o el de energía, no requerirá ni de autorización ni de licencia municipal. De hecho, la enmienda está específicamente pensada para que el Ajuntament de Palma no puede poner ninguna traba a las instalaciones previstas en el plan de residuos. De manera más concreta, el Govern podrá imponer el vertedero de cenizas a Palma aunque el Ajuntament se oponga.