En Balears hay del orden de los 19.000 parados que no perciben ningún tipo de prestación, que no encuentran trabajo y que están al borde de la exclusión social. Así lo señalaron ayer en rueda de prensa los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC OO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) en las Islas, José Benedicto y Lorenzo Bravo, respectivamente.
Bravo y Benedicto informaron de la campaña de sensibilización iniciada a nivel nacional por ambos sindicatos contra la política económica y social del Gobierno del Partido Popular y que ahora se pone en marcha en Balears.
Bravo expresó el «mosqueo» de los sindicatos por una política que permite en uno de los mejores momentos económicos que ha vivido el país existan 2.548.500 parados en toda España de los que 500.000 están a la puerta de la exclusión social en cuanto que se trata de personas que por sus características (mayores de 45 años, jóvenes con escasa formación y mujeres, principalmente) tienen muy difícil encontrar trabajo y por consiguiente seguir insertados en la sociedad.
En el caso de Balears, según los sindicatos, hay más de 70.000 parados «aunque el Inem se empeñe en decir que son 19.000, ya que no contempla a los fijos discontinuos que no trabajan como desempleados». Precisamente estos 19.000 parados que contabiliza el registro oficial del Inem son para el secretario general de UGT en las Islas los que están en peligro de exclusión social «ya que aún con la cantidad de trabajo que se ha generado (recordar la mano de obra extranjera que ha llegado este verano a trabajar a las Islas) no han sido capaces de colocarse y encontrar empleo».
Para dar una respuesta efectiva a estos trabajadores, los sindicatos proponen ampliar la cobertura y cuantía de las prestaciones de desempleo (subsidio y paro). Se trataría de revisar los requisitos de acceso al subsidio, elevando el límite de la renta real hasta el 100% del Salario Mínimo Interprofesional, extender el subsidio a las personas desempleadas con cargas familiares, y a los mayores de 45 años, mientras se mantenga la situación de desempleo, combinando la prestación con medidas que mejoren sus posibilidades de acceso al empleo (cursos de formación) y establecer el desempleo contributivo para los trabajadores eventuales agrarios.
Con estas medidas, indicó José Benedicto, tendrían subsidio de desempleo unos 300.000 nuevos beneficiarios en todo el país con un coste que no superaría los 200.000 millones de pesetas anuales «una cuantía perfectamente asumible por las cuentas públicas si tenemos presente que el próximo año habrá un excedente de más de 400.000 millones de las cotizaciones sociales de los trabajadores».