El controvertido asunto de los bares de sa Llonja de Palma ha vuelto a dar un vuelco, aunque en esta ocasión no ha gustado ni a tirios ni a troyanos el nuevo rumbo que han tomado los acontecimientos. El caso es que tras el escándalo de los sonómetros sin homologar con que el Ajuntament de Palma ha realizado las mediciones del ruido en la zona "para clasificarla como «acústicamente contaminada»", por fin las autoridades se han puesto las pilas y han enviado a Madrid sus aparatos para que de una vez por todas sean homologados por el ministerio.
Esta medida, tomada ahora con prisas y en el último momento, cuando apenas queda poco más de un mes para que finalice el año y, con él, la declaración de «Zona Acústicamente Contaminada» para sa Llonja, sólo evidencia el nivel de confusión con que ha actuado Cort en este tema.
Por eso, para salvar las apariencias, ha decidido dar una de cal y otra de arena, con la intención de contentar a las partes enfrentadas, los empresarios de los bares y restaurantes, y los vecinos. A los primeros ha querido satisfacerles con el tema de una homologación que venían exigiendo desde hace años y, con ella, la repetición de las mediciones del ruido. Y a los segundos, con la posible prórroga de la declaración de «Zona Acústicamente Contaminada» más allá del 31 de diciembre y el posible cierre de los locales a la una de la madrugada.
La idea, como era de esperar, no ha satisfecho a nadie, más por la precipitación y la falta de seriedad que por su fondo. Y tienen razón los afectados, tanto los unos como los otros, pues ambos tienen derecho a defender su postura y a que el Ajuntament les escuche y solucione el tema de forma definitiva y seria de una vez por todas. Las actuaciones a modo de parche en casos como éste no hacen sino enconar aún más los ánimos.