Los servicios jurídicos del Govern analizarán, caso por caso, las 33 alegaciones presentadas a las Normas Territoriales Cautelares de Equipamientos Comerciales por diversas empresas y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), según indicaron ayer fuentes de la Conselleria d'Comerç i Industria.
De las 33 alegaciones presentadas a esta moratoria cautelar para implantar más grandes superficies en las Islas, seis responden a casos particulares y el resto tienen que ver con aspectos generales del texto de las normas cautelares, como es la petición de exclusión de los establecimientos de venta de alimentos o de materiales de construcción. El resto de alegaciones proponen que no se aplique la norma a aquellos proyectos en tramitación en los ayuntamientos correspondientes. La directora general de Comerç, Antònia Allés Pons, se ha comprometido en resolver las alegaciones en un plazo máximo de dos meses.
Desde el Govern indicaron que, en principio, «habrá una contestación a cada una de las alegaciones presentada, siempre y cuando los servicios jurídicos lo determinen en cada caso».