Por diversas razones esta semana ha vuelto a salir a la luz el conflictivo asunto de los bares de sa Llonja de Palma, que en los últimos años "desde que está de moda" han convertido lo que era un barrio histórico en una zona contaminada acústicamente. Si en algo estamos de acuerdo es en que las mayorías mandan y, por ende, en casos como éste la prioridad debería ser siempre el bienestar de la mayoría, es decir, de los vecinos que no piden más que aquéllo de que disfrutamos todos: tranquilidad, limpieza y respeto a las horas de sueño. Son reivindicaciones tan primarias que lo extraño a estas alturas es que alguien las ponga en entredicho.
Lo que ocurre es más propio de un vodevil que de un ayuntamiento como el de Palma que, si pretende defender los intereses de sus ciudadanos, lo demuestra muy mal. Porque lleva años multando a los propietarios de los bares que sobrepasan los decibelios permitidos después de hacer mediciones de ruido con aparatos que no han sido homologados por el ministerio competente. En Cort se defienden diciendo que desde hace ya tiempo intentan la homologación sin resultados, pues hay una larga lista de espera. Un argumento poco convincente en una institución como el Ajuntament de Palma que, sin duda, tiene los medios necesarios para hacer las cosas como se debe. Y si lo debido es efectuar las mediciones con aparatos homologados, que los homologuen. Y de esa forma no darán pie a los afectados a llevarles a un juicio del que, naturalmente, han salido victoriosos. Ahora Cort está decidido a ordenar el cierre de los locales nocturnos a partir de la una de la madrugada, una iniciativa que nace con mal pie, pues con una sentencia que pone en entredicho las actuaciones municipales en sa Llonja, el Ajuntament tiene pocas armas para ponerla en práctica.