El proyecto de ley de consells insulars que UM ha entregado al Govern de Francesc Antich para su aprobación incorpora aspectos que superan los límites constitucionales, según concluye un informe jurídico solicitado por el Ejecutivo. El informe considera que el Parlament no puede aprobar una ley que altere sustancialmente el bloque de constitucionalidad que componen la propia Constitución, el Estatut d'Autonomia y la Ley de Bases de Régimen Local.
Para el redactor del informe, el catedrático Bartomeu Colom, la propuesta de UM «traspasa el límite que podría permitir la Constitución». El informe considera que debe ser el legislador estatal, es decir, el Congreso y el Senado, quien fije estos aspectos o principios relativos a los aspectos institucionales.
Al margen de esta consideración, el redactor del informe añade que sería de «dudosa constitucionalidad» el artículo que dispone que no es necesario que los miembros del gobierno insular tengan la condición de miembros electos del Consell. El texto considera que esta posibilidad puede producir una «lesión» al derecho fundamental de los consellers elegidos de acceder a sus cargos y funciones públicas y mantenerse en ellos.
«A manera de conclusión general, resulta que el borrador propone unos consells insulars más eficaces, menos democráticos, sometidos a más controles administrativos externos, con menos control democrático por parte de los miembros electos y con más recursos que los actuales», señala.
En el informe se incluyen algunas sugerencias para mejorar el contenido del texto. Una de ellas es prever que contra las decisiones del gobierno insular se pueda interponer un recurso de alzada. También propone que la potestad reglamentaria que solicita Munar se otorgue al pleno del Consell y no al gobierno insular.