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Pescadores alicantinos y pitiusos llegan a un primer acuerdo favorable a los isleños

El Govern balear, dispuesto a «ser generoso» en la revisión de las 600 actas infractoras abiertas a los pescadores levantinos

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Los pescadores de las Pitiüses y los representantes de las cofradías de Alicante que faenan en aguas de Eivissa y Formentera llegaron ayer a un principio de acuerdo para modificar la orden ministerial que regula el acceso a los caladeros y el decreto de la Conselleria que establece el horario de salida y entrada a los puertos de las Pitiüses.

Tras varias horas de reunión entre los responsables del Govern balear, la Comunitat valenciana, el Ministerio de Agricultura y Pesca y los representantes de las cofradías de Alicante y las Islas, los pescadores aceptaron que se realice una revisión a la baja del número de barcos que tienen licencia para faenar en los caladeros pitiusos. «Actualmente hay alrededor de 130 licencias que se reducirán a las que tienen adquirido un derecho histórico para pescar en Balears», explicó el conseller d'Agricultura, Joan Mayol. El mismo documento destaca una reducción del número de pesqueros que faenan semanalmente en las islas y que bajará de 50 a 40 barcos.

Mayol destacó la intención de los pescadores alicantinos de cumplir, a partir de ahora, el horario de pesca establecido por el Govern y que regula para la entrada y salida en los puertos de las islas. «Este es otro de los puntos que recoge el preacuerdo y que es muy positivo para nosotros puesto que la intención final es proteger los caladeros de Eivissa y Formentera», indicó Mayol. El mismo preacuerdo, que debatirán esta misma semana todas las cofradías de Alicante y de las Pitiüses, destaca también que se permitirá a los barcos alicantinos la entrada en puertos diferentes a los de salida, siempre y cuando, cumplan los servicios de control pactados previamente entre los pescadores isleños y peninsulares. El conseller balear destacó los avances conseguidos tras el encuentro y mostró la disposición del Govern a revisar las sanciones económicas acumuladas por los pesqueros y que ascienden a 160 millones de pesetas. «Si se formaliza el acuerdo estamos dispuestos a aplicar un margen de generosidad en las sanciones, aunque siempre respetando la legalidad vigente», informó Joan Mayol.

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