ENVIADO ESPECIAL A MADRID
La Sala de la sección tercera de la Audiencia Nacional aplicó ayer
la figura procesal de la prescripción para absolver a los siete
acusados de haber cometido un supuesto delito fiscal al frente de
la sociedad de valores Inverbroker, entre ellos, el ex ministro del
Gobierno de UCD, Jose Pedro Perez-Llorca y los ex inspectores de
Hacienda en Balears, los hermanos Rafael y Jaime Monjo Carrió.
La cúpula de Inverbroker, sobre cuyas bases se creó Brokerval, la quebrada ex agencia de valores mallorquina, y que destapó lo que hasta ahora constituye el principal escándalo financiero-político de las Islas, el «caso túnel de Sóller», dio un suspiro de alivio tras escuchar, ayer por la tarde, la resolución del tribunal.
«Esta extinguida la responsabilidad criminal del delito fiscal cometido por los acusados en 1989 y no se les puede perseguir penalmente. Contra esta resolución cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo», dijo la secretaria de la Sala al leer el dictamen de los magistrados, presididos por Siro García.
El tribunal sí se había declarado competente para juzgar el caso -en contra de los que alegaron con insistencia los ocho abogados defensores que intervinieron ayer- pero esa cuestión resultó irrelevante al aplicar el instituto de la prescripción. Esta figura procesal ya salvó en su momento a los acusados en dos casos de gran relevancia en Balears, «caso Túnel» y « caso Calviá». Por esa misma regla, la resolución de la Audiencia Nacional también tendrá una importancia clave en el juicio pendiente en Balears en contra de los ex administradores de Brokerval.