Que un proceso de paz es un camino largo, difícil y lleno de pasos hacia adelante y hacia atrás es algo que nadie desconoce. Ya lo hemos visto en Irlanda, donde todavía hoy se teme que el acuerdo de paz no tenga un final feliz. En Euskadi, lejos aún de alcanzarse un acuerdo, las cosas están cada día más complicadas. A una situación comprometida se le añaden los diversos episodios políticos que no hacen sino entorpecer el desarrollo de los acontecimientos.
Es por eso que, generalmente, los procesos de este tipo se mantienen férreamente en silencio y las partes implicadas niegan una y otra vez que mantengan contactos. Y así debe ser. Para evitar filtraciones que se malinterpreten, obstáculos llegados de fuera y todo tipo de malos entendidos.
Ahora acabamos de verlo otra vez. La detención en Francia de la etarra Belén González Peñalva, interlocutora del Gobierno en el proceso de paz, ha provocado un pequeño terremoto político que podría traer graves consecuencias para las negociaciones. La mecha la prendió el miércoles el consejero vasco de Interior, Javier Balza, pidiendo al Ejecutivo de José María Aznar compensaciones por las consecuencias negativas que la detención podría generar. Sus declaraciones, claro, han hecho saltar chispas al resto de los grupos políticos, que han llegado a promover una moción de censura contra Balza en el Parlamento de Vitoria.
El caso es que, en estos momentos, el difícil proceso de paz para el País Vasco se complica con la cercanía de unas elecciones generales en las que todos los partidos se juegan mucho. Y para nadie es un secreto que el tema de la violencia, de ETA y de Euskadi es una baza electoral de primera. Se impone la seriedad, pues una cuestión como ésta, en la que se debate el futuro de todo el país, no debería ser objeto de polémicas políticas, de declaraciones y contradeclaraciones. La discreción, en estos casos, es oro.