La Conselleria d'Educació i Cultura presentó ayer las dos convocatorias de ayudas económicas para el desarrollo de programas de garantía social, una dirigida a las entidades locales y, la otra, a entidades privadas sin ánimo de lucro y a los centros educativos privados. La cuantía de estas ayudas es de 220 millones de pesetas: 70 millones para las entidades locales y 150 millones para las entidades privadas, según anunció el conseller d'Educació, Damià Pons.
De los alrededor de 900 alumnos que la Conselleria prevé que puedan realizar cursos de garantía social, casi 400 lo harán en centros públicos y el resto en entidades y colegios privados.
Por su parte, el director general de Formació Profesional i Inspecció Educativa, Bartomeu Llinàs, destacó la interinstitucionalidad de los programas, de modo que «no sólo se implica la Conselleria, ya que las entidades locales son las que mejor pueden determinar qué bolsas de alumnos de estas características tienen en sus municipios y qué perfiles profesionales son los más adecuados», señaló.
Asimismo, Llinàs destacó la posibilidad de que los alumnos con
necesidades educativas especiales puedan formar parte de los grupos
de garantía social.
Los cursos están estructurados en cien horas, de las que treinta
son lectivas, quince de prácticas en taller, nueve de orientación
socio-laboral y dos de actividades extraordinarias (idiomas para
los módulos de hostelería y turismo y educación física para los
módulos de construcción y automoción). El resto de las horas se
reservan a formación en centros de trabajo. Los perfiles
profesionales con mayor demanda son los de hostelería y turismo y
administración y, los de menos demanda, los de comercio.