El Parlament balear va a debatir una proposición no de ley, presentada por el PSOE, que insta a los grupos parlamentarios a expulsar o exigir el acta de parlamentario a aquellos diputados que hayan sido condenados por delito de ejecución de la actividad pública o en ocasión de ella. La petición ha sido impulsada por el socialista Antoni Diéguez y contará, previsiblemente, con el apoyo de todos los grupos que respaldan al Govern.
La proposición no de ley de Diéguez «calentará», presumible, el ambiente político en el Parlament balear, que durante las últimas semanas ha estado centrada en la actuación del nuevo Govern. La propuesta tiene por objeto analizar la situación de aquellos diputados que, en su condición de cargos políticos, hayan sido condenados durante su trayectoria.
En estos momentos sólo hay un diputado que haya sido condenado en ejercicio de su condición de político. Se trata de Jaume Font, portavoz del PP y miembro destacado del grupo parlamentario popular. Font fue condenado por delito electoral cuando era el «número dos» de una lista independiente que aspiraba a repetir gobierno en Sa Pobla. Los jueces acusaron a Font, entre otros, de hacer votar a personas que ya habían fallecido.
Otro diputado del PP, Joan Ramonell, también se encuentra en una situación judicial delicada por sus anteriores cargos políticos como alcalde de Montuiri y director general de Transports. Sin embargo, Ramonell todavía espera una decisión judicial.