La Mesa del Parlament rechazó ayer la petición del PP de tramitar, por segunda vez, la ley urbanística urgente después de los errores y «negligencias» cometidas por el Govern en la tramitación de dicho texto. El PP tiene intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional una vez que la Mesa del Parlament se ha pronunciado en contra de la petición de los populares. El Constitucional podría acordar, según el diputado Joan Flaquer, la suspensión cautelar de la ley urbanística, que entró en vigor el pasado 12 de octubre, quince días después de su aprobación por parte de la Cámara autonómica. La Mesa del Parlament analizó el informe de los juristas sobre la tramitación de la ley urbanística, que fue registrada en la Cámara con la firma de un secretario general técnico, y no por el conseller de Presidència. Los servicios jurídicos confirmaron que el Ejecutivo autonómico cometió tres errores de firma en la tramitación, fallos que son tildados de «negligencias» en el informe que ayer estudió la Mesa del Parlament. Sin embargo, los juristas entienden que no es necesario volver a tramitar la ley después de haber sido aprobada por el pleno de la Cámara. «Nosotros respetamos y acatamos el informe jurídico del Parlament porque reconoce punto por punto todas las anomalías que denunciamos», declaró Joan Flaquer.
El informe de los juristas del Parlament no tenía carácter vinculante, pero la Mesa de la Cámara asumió todos los puntos planteados por los letrados sobre el futuro de la ley urbanística. Joan Flaquer insistió ayer en «las consecuencias políticas que debería tener el error del Govern al registrar una ley con la firma del secretario general técnico, que no puede estar presente en las reuniones del Ejecutivo». Los propios letrados de la Cámara destacan en su informe que el Parlament es el encargado de solicitar responsabilidades políticas por las negligencias cometidas por el Govern en la tramitación de la ley urbanística urgente.
Los servicios jurídicos de la Cámara advirtieron que el secretario general técnico de Presidència era «un órgano manifiestamente incompetente» para firmar la certificación de la ley urbanística. El PP se percibió del error el mismo día que la ley se debatía en el plenario del Parlament, por lectura única, pero el presidente de la Cámara, Maximiliano Morales, optó por continuar el debate y dar luz verde al texto presentado por el Ejecutivo.