Tras un largo y tortuoso juicio seguido con detalle por los analistas y los medios de comunicación de todo el país, se ha hecho pública la sentencia "condenatoria" contra el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, acusado de un delito continuado de prevaricación por el llamado «caso Sogecable», que involucraba a los directivos de un poderoso grupo de medios de comunicación. Ha sido un caso sonado que ha enfrentado los intereses de distintos partidos políticos, sectores económicos, empresas periodísticas y «familias» judiciales. El resultado también ha sido polémico y, según algunos de esos sectores, escandaloso y vergonzoso: la condena a quince años de inhabilitación para el magistrado, que se ve así apartado de la carrera judicial.
Una sentencia que debería devolver la confianza de los ciudadanos en la Justicia, condenando a un juez que presuntamente cometió graves irregularidades en la instrucción de un sumario, ha conseguido el efecto contrario. Un vistazo a las enfrentadas opiniones expresadas por destacados comunicadores y los artículos de opinión de los más relevantes diarios nacionales pone en evidencia que sobre el análisis de lo justo o injusto prevalecen los intereses políticos y económicos. La sentencia se examina a partir de la adscripción ideológica de los tres jueces que han formado el tribunal. Así, se ha publicado que los dos magistrados que han condenado a Liaño son públicamente afines al PSOE y fueron, además, quienes votaron la absolución de Barrionuevo y Vera en otro caso polémico: el secuestro de Segundo Marey por parte del GAL.
No cabe duda de que el «caso Liaño» sigue abierto. Puede llegar al Tribunal Constitucional o a la misma mesa del Consejo de Ministros, si se presenta la petición de indulto. En el fondo, está la politización de la Justicia. Y la polémica historia de unos jueces estrella y unos fiscales indomables que convirtieron la Audiencia Nacional en el paradigma de lo que no debe ser la Justicia.