Recuperados ya del largo paréntesis veraniego, en la recta final de las autonómicas catalanas y a poco más de cinco meses para la próxima cita con las urnas para renovar el Parlamento y el Gobierno de la nación, el río político empieza ya a bajar con las aguas revueltas.
El alboroto que se ha organizado en León y las acusaciones mutuas entre nacionalistas, socialistas y populares en Cataluña no hacen sino remover unas aguas ya de por sí bastante turbias que en nada contribuyen a aclarar la situación política del país. Pero vayamos por partes. Lo de León ha levantado ampollas en otras regiones y no es para menos. Se supone que el Estado de las autonomías se fundamenta en la solidaridad de unos hacia otros y, con pactos como éste "la promesa popular de repartir allí 230.000 millones a cambio de sostener al PP en la Alcaldía de aquella capital de provincia", el principio mismo de la solidaridad salta por los aires. El Partido Socialista lo califica de «cacicada» y asegura que se trata de una «compra» privada con dinero público.
Luego están los pactos entre partidos nacionalistas y estatalistas. Mientras el PP negocia y firma acuerdos con PNV, CiU y Coalición Canaria "a cambio también de inversiones, claro" para sostener su relativa mayoría en el Congreso de los Diputados "igual que hizo previamente el PSOE", no deja de criticar el Pacte de Progrés que se ha llevado a cabo en Balears, demonizando al PSOE por «pactar con quien nunca se debe pactar». Las cosas hay que saber mirarlas con cierta perspectiva. El Govern izquierdista de Balears no ha cumplido aún sus primeros cien días de gobierno. Ha cometido errores, quién no lo haría, pero todavía es pronto para saber si el resultado al final de la legislatura será aceptable.
Porque, al menos, habrá servido para proporcionar al PP balear una cura de humildad a base de cuatro años de sana oposición.