La Mesa del Parlament encargó ayer un informe a los servicios jurídicos de la Cámara autonómica para determinar si el Govern utilizó la tramitación correcta en el momento de certificar el proyecto de ley de medidas urbanísticas. El presidente del Parlament, Maximiliano Morales, no quiso anticipar la postura de los letrados ante la posible anomalía del Govern al registrar una ley en la Cámara con la firma de un secretario técnico. La diputada del PP Rosa Estaràs descubrió dicho error, pero Morales optó por continuar el debate de la ley, que fue aprobada horas más tarde. Los populares solicitaron, antes de iniciar el debate, que se consultase a los juristas ante el error del Govern, y Morales contestó que el Ejecutivo había entregado otra certificación ante la Cámara, que no pudo ser registrada hasta el día siguiente. El Govern enmendó el error al registrar la certificación de la ley, firmada por el conseller Antoni Garcías, 24 horas después de la aprobación del proyecto de ley. El PP calificó de ilegal este procedimiento, y advirtió que si la Mesa del Parlament no acuerda dar marcha atrás a la admisión a trámite de la ley presentaría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Morales admitió que existe la posibilidad, en caso de dar marcha atrás a la admisión a trámite, de tener que debatir de nuevo una ley que ha sido aprobada por la Cámara autonómica. En cualquier caso, la ley entrará en vigor el mismo día se publique en el Boletín Oficial de la Comunitat Autònoma. Precisamente, la ley todavía no ha sido publicada en el Boletín de la Comunitat Autònoma y, por lo tanto, no ha entrado en vigor.