Una delegación de la Asociación de Transportistas de Escombros de Mallorca se entrevistó ayer con la presidente de EMAYA, María Crespo, para solicitarle una licencia de actividades que les permita realizar su actividad amparados en el «marco legal preceptivo», según explicó a este diario un portavoz de la patronal. Los transportistas, que iniciaron una ronda de conversaciones con las instituciones públicas para conseguir unos terrenos donde vaciar los escombros, han incrementado las medidas de presión tras depositar el pasado martes más de 50 contenedores frente a la sede de la Conselleria d'Medi Ambient.
La respuesta de Crespo a las peticiones de la patronal fue que el terreno no puede estar situado en suelo urbano, pero sí en una superficie calificada de actividad rural. «Si eso ocurre, Cort no puede otorgar la licencia de actividades hasta que el Govern o el CIM no procedan a recalificar esos terrenos y los convierta en terrenos de interés general», explicó la presidenta de EMAYA.
Según las primeras estimaciones, el medio centenar de contenedores depositados en las Avenidas en señal de protesta por lo que consideran «nula» respuesta de las instituciones a sus demandas contienen unos 2.000 toneladas.
Los transportistas hicieron uso de la cantera de Can Ramis en Llucmajor poco antes del verano, una vez que alcanzaran un acuerdo con los propietarios para el vertido de escombros. Desde la Conselleria se insistió en la irregularidad de esta actuación, y sus responsables esperaban que la situación se legalizara «a la brevedad posible». La Asociación de Transportistas instaló la maquinaria en Can Ramis para proceder a la separación y selección de los escombros, los únicos materiales que podían ser vertidos en la cantera para proceder a su recuperación.