El anuncio de las inversiones previstas por el Gobierno central en las Islas de cara al año próximo siempre levanta expectativas, aunque en esta ocasión la sorpresa ha sido desagradable. Si en un principio se anunciaron para Balears inversiones por valor de más de quince mil millones en el año 2000, a la hora de la verdad esta cifra se ha visto recortada en algo más de 2.500 millones, sin que se hayan facilitado explicaciones al respecto.
Balears, lo hemos dicho mil veces, es una de las comunidades más ricas del Estado y, como tal, aporta a las arcas del Gobierno central cantidades ingentes de dinero que luego espera recuperar en parte en forma de inversiones que mejoren el nivel de vida de sus ciudadanos, que son, al fin y al cabo, quienes generan toda esa riqueza. Sin embargo, año tras año, llegan de Madrid noticias escasas en materia inversora. El Estado parece tener otras prioridades y el dinero generado aquí se destina a otros lugares.
Es inadmisible que tengamos unos excelentes índices de renta per cápita, gracias al turismo, y a la vez unos servicios de tercera. Nuestras carreteras, nuestros hospitales de la Seguridad Social, nuestros centros educativos públicos dejan mucho que desear. Algo se ha hecho y algo se está haciendo, pero no podemos permitir que se ponga freno a las inversiones del Estado.
No vale la excusa de que determinadas obras se han concluido. Nos estamos refiriendo a inversiones cuantificadas para los próximos años. Si han sido canceladas, debe haber explicaciones. El Gobierno autonómico y nuestros diputados, sean del color que sean, deben pedir explicaciones a Madrid. Deben preguntar dónde irán a parar los 2.500 millones prometidos que ya no vienen, por qué se han desviado de su destino inicial y si el cambio político registrado en esta Comunitat en los últimos meses guarda alguna relación con este recorte presupuestario.