Desde que el nuevo Govern balear relanzó a la palestra la idea de imponer una ecotasa que sirva para sufragar los enormes gastos que se derivan de la conservación del medio ambiente en Balears, el tema no ha hecho más que crecer, con aplausos por parte de unos y silbidos por parte de los otros.
Lógicamente, los empresarios del sector "con los hoteleros al frente" se han colocado en la línea de enfrente rechazando la propuesta política por considerar que los beneficios que puedan obtenerse por ese método se traducirán en pérdidas para el negocio hotelero.
Los ecologistas, y buena parte de la población, por contra, se posicionan a favor de la idea, puesto que los turistas que nos visitan "millones cada año" son quienes más territorio consumen, más humos provocan con sus coches de alquiler, más carreteras necesitan y más contaminan el mar con sus embarcaciones. Por lo mismo, deberían ser ellos quienes contribuyan con una pequeña cantidad a recuperar todo aquello que deterioran.
Sin embargo, entre unos y otros se encuentra el Govern, que no quiere «pillarse los dedos» con este asunto. Decidido a hacer las cosas bien desde el principio "y para que no ocurra lo mismo que con el impuesto ecológico, que continúa en los tribunales a la espera de lo que decida el Constitucional, aunque se espera que dé la razón al Govern", los expertos del Ejecutivo se han puesto manos a la obra para tratar de organizar la ecotasa de forma impecable. Seguramente será imposible contentar a todos los sectores implicados en un tema tan delicado como éste, pero lo que sí es necesario es no precipitarse para que una propuesta como ésta se haga desde la más estricta legalidad, de forma que a la larga nadie pueda recurrirla y convertirla en el «rosario de la aurora».