Uno de los objetivos de la Direcció General del Consum del Govern balear es defender que la información que llega al consumidor venga en uno de los dos idiomas oficiales de la Comunitat Autónoma: el catalán o el castellano. Con este fin la Conselleria de Sanitat i Consum en colaboración con la Conselleria de Turisme puso en marcha el año pasado una campaña específica sobre el control del idioma empleado para informar al consumidor y que sigue en marcha con más de 700 actas abiertas desde entonces.
El nuevo director general de Consum, Miguel Angel Cabeza, manifestó ayer a Ultima Hora que desde febrero de 1997 hasta el 21 de junio pasado se han incoado multas por el uso indebido del idioma en el etiquetado de productos y establecimientos por un montante global de 18 millones de pesetas.
El número de expedientes abiertos en este tiempo ronda el centenar si bien las sanciones impuestas corresponden a un 60 por ciento de estos expedientes ya que el resto fueron sobreseídos.
A finales del año pasado los inspectores habían visitado cerca de 1.400 establecimientos de zonas turísticas con un balance de 700 actas abiertas si bien la mayoría de los comercios corrigieron las deficiencias en el periodo dado por la Conselleria de Sanitat i Consum.
Por otro lado, el director general de Consum manifestó ayer a este diario que al igual que se ha hecho en la Comunitat Valenciana se dará el visto bueno a la vuelta al mercado de los alrededor de 11.000 flotadores retenidos en las Islas una vez se corrija la deficiencia que ponía en peligro la vida del niño. Y es que estos flotadores en los que el niño tenía que introducir las piernas podían originar que quedara atrapado en caso de vuelco y producirse el ahogamiento. Así, una vez se corte el plástico del interior de los flotadores, convirtiéndose en un salvavidas normal, Consum autorizará su puesta a la venta de nuevo en el mercado.