La apertura de un expediente administrativo contra Sol Meliá en Cuba desencadenó ayer el rechazo unánime del Gobierno, los empresarios, sector turístico, partidos políticos, Govern y la patronal CAEB.
Por su parte, Cuba denunció que la investigación atenta contra el derecho internacional, mientras que Estados Unidos mantuvo que no afectará a las relaciones entre Washington y Bruselas, cuestión que no compartió el Ejecutivo español, que amenazó con tomar las medidas diplomáticas «más enérgicas» si se produce una sanción.
El expediente abierto por Estados Unidos sobre la gestión de Sol Meliá en Cuba se basa en la aplicación de la ley Helms-Burton. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ya ha advertido que «si llegase a abrirse un expediente sancionador contra una empresa española en virtud de la Ley Helms-Burton, España tomaría medidas muy enérgicas, hasta el punto de bloquear los acuerdos entre la Unión Europea y EE.UU.». Existe un compromiso entre ambas partes: Europa no denunciaría ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) la Ley Helms-Burton a cambio de que EE.UU. no abriese ningún expediente sancionador contra una empresa europea. Fuentes comunitarias anticiparon que una acción de Washington contra los intereses españoles en la isla, enfrentaría al Gobierno estadounidense con Bruselas, con lo que quedarían seriamente amenazadas las relaciones entre ambos bloques.
La Casa Blanca contempla la posibilidad de que Sol Meliá y los ciudadanos norteamericanos afectados por la expropiación de terrenos en Cuba lleguen a un acuerdo privado, según informó ayer su portavoz, Mike Hammer.