La Conselleria de Treball del nuevo Govern balear, dirigida por Eberhard Grosske (EU), había anunciado mano dura contra las empresas que incumplieran la normativa en materia de salud laboral para de esta forma intentar frenar el creciente aumento de los accidentes laborales y así lo ha hecho en la primera oportunidad que ha tenido. El Consell de Govern de ayer aprobó a propuesta de esta conselleria sancionar con 43 millones a la empresa Globalia Activos Inmobiliarios SA como responsable solidaria de Análisis y Proyectos de Urbanismo SA, que fue quien le construyó la sede del Polígono de Llucmajor, por incumplir la ley en materia de prevención de riesgos laborales. Dicho expediente además de recoger numerosas deficiencias en materia de seguridad de las obras advierte de que «no se aplicaba los principios de acción preventiva» e «incumplía el plan de seguridad». El expediente administrativo venía de la etapa de Guillem Camps pero no se había tramitado la sanción a la que le ha dado salida el conseller Eberhard Grosske. Se trata de la sanción más alta impuesta hasta la fecha en Balears por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. La empresa sancionada tiene dos meses para presentar un contencioso administrativo para recurrir la decisión del Govern.
Desde Globalia Activos Inmobiliarios mostraban ayer su sorprecha por la actitud del Govern, «ya que tras la presentación de la documentación oportuna pensábamos que este hecho estaba parcialmente solventado, puesto que todo se debió a un malentendido con el inspector que acudió a la obra».