«A mí, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) me recuerda la época franquista, cuando se creó la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuyos resultados fueron muy distintos a los objetivos perseguidos», dijo Lorenzo Ros. «Ese anteproyecto es muy perjudicial para nuestra profesión, ya que entre otras cosas, permite prescindir del abogado en algunos pleitos, algo inaceptable, ya que es como eliminar al médico en caso de enfermedad», precisó.
La LEC ha causado una gran controversia desde que fue anunciada
por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.
Algunos magistrados elogiaron la norma al considerar que refuerza
la presencia del juez, mientras que el decano del Colegio de
Abogados de Balears la calificó de «equivocada» al permitir que la
presencia de letrado no sea preceptiva en algunos casos. Estas dos
posturas reflejan la discrepancia de criterios existentes en la
actualidad.
Según Ros, «discrepo totalmente de lo que dijo la ministra en el sentido de que iba a ayudar a resolver los principales males de la justicia en España».
Y añadió: «Esos males sólo se resolverán aumentando la dotación
de jueces, y con ellos, más secretarios, oficiales, etc».
Dijo que el proyecto tiene «gran cantidad de desaciertos y
esperemos que se arreglen». Recordó que «están en contra la mayoría
de procesalistas, los abogados, secretarios judiciales y el
presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo». Otros
abogados han discrepado con que se simplifiquen los procedimientos
y proponen que se supriman los interrogatorios escritos que recoge
el proyecto. Rechazan que la presencia de abogado no sea preceptiva
en casos de menos cuantía.