El tiempo de las ceremonias ha quedado atrás y a partir de ahora se abre un nuevo período para las catorce personas que acaban de entrar a formar parte del Gobierno de Francesc Antich que se encargará de regir el destino de estas Islas durante los próximos cuatro años.
A nadie se le escapa que no será una tarea fácil. Nuestra Comunitat tiene una serie de asuntos pendientes de enorme trascendencia para el futuro que este equipo tendrá que resolver.
Sin embargo, ayer, en la primera reunión que mantuvo el nuevo Ejecutivo sólo se acordó modificar la ley que impide a Antich crear más de diez conselleries, cuando él ha previsto un total de doce. Una decisión urgente para la organización interna del Govern, pero, en una previsible línea de gestos, hubiese sido más apropiado que el Ejecutivo adoptase alguna decisión de mayor calado político y de más trascendencia para la ciudadanía.
Hay problemas urgentes que preocupan a los habitantes de esta tierra y que perfilarán el futuro de Balears: el problema de la eliminación de los residuos, la escasez de agua, la producción de energia eléctrica, la tasa turística, la ordenación del territorio, la protección del medio, la desaparición de la agricultura, la sobredimensión del parque automovilístico, los salarios y pensiones, tan bajos en comparación con otras comunidades ricas... En fin, ante estos catorce hombres y mujeres se abre ahora un panorama difícil, que constituye un auténtico reto y, de momento, el president sólo se ha referido a dos cuestiones importantes: el establecimiento de una tasa turística, tema que dejó aparcado para dentro de unos meses; y la subida de las pensiones no retributivas, de las que comentó que «esta cuestión compete más al Estado que a las comunidades autónomas». Por ahora, un bagaje bien poco consistente de cara a la ciudadanía.