La sentencia del Tribunal Constitucional anulando la decisión contra HB adoptada por el Supremo hace un año y medio ha caído en este país como una bomba. Aunque conocida desde hace semanas por constantes filtraciones, la resolución de este caso no ha dejado de sorprender a propios y extraños.
Mientras unos proclamaban eufóricos que el Constitucional ha echado por tierra los intentos políticos por hacer desaparecer a Herri Batasuna, otros se lamentan por una decisión que también consideran de cariz político, como un intento de altas instancias gubernamentales por dar un paso adelante en el proceso de paz para el País Vasco.
Pero seguramente ni unos ni otros tienen toda la razón. Quizá los más acertados han sido quienes han interpretado la sentencia del Constitucional en términos jurídicos, dejando los dimes y diretes de la política para otra ocasión.
Si nos remitimos a la posición de los afines a la coalición abertzale, hay que darles la razón en que, a la postre, el Constitucional les ha amparado en los argumentos que presentaron en el momento del juicio en el Tribunal Supremo. Y si escuchamos a quienes critican la sentencia por el hecho de que beneficia al proceso de paz, pues bienvenidos sean dichos beneficios, siempre que sirvan para devolver la calma de una vez por todas a este país.
Otro detalle que habría que analizar es la reacción de las víctimas del terrorismo que, naturalmente, se han sentido estafadas. Aunque no estaría de más que recordaran que ningún político de la ex cúpula de HB ha empuñado jamás un arma, que se sepa. Si así fuera estaría en la cárcel por un delito de sangre y eso no es así. Y con todo se han pasado veinte meses en prisión. Una cosa es el terrorismo y otra muy distinta la política. Y en política, ya se sabe, uno puede defender lo que quiera.