«Antoni Cuart no se lucró con el dinero del Túnel, y hay que recordar que una parte se quedó en el PP», dijo ayer el abogado defensor del ex presidente de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, Joan Buades, en la exposición de sus conclusiones definitivas. El letrado insistió ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma que procede la absolución de su cliente por prescripción de los delitos de que le acusa, estafa, apropiación indebida y falsedad documental.
En un momento de su alegato, Buades acusó al fiscal, Joan Carrau, de «vulnerar el principio de legalidad» en sus tesis acusatorias, lo cual «sienta un precedente peligroso y grave», señaló. «Estamos ante un homicidio sin muerto», dijo Buades al intentar restar validez a las acusaciones formuladas por Carrau. Con respecto al principal testigo de cargo, Rafael Maortúa, presidente de la Compañía Hispanoamericana de Promociones y Construcciones, Buades le calificó de «principal falsificador de facturas de este país».
Carrau, por su parte, reiteró su escrito acusatorio y lo defendió recordando sentencias anteriores dictadas en los casos Banesto, Argentia Trust y Rumasa. «El acusado (Cuart) disfrazó el balance de la compañía, realizó malabarismos y concertó salidas de dinero irrefutables que perjudicaron a 767 accionistas», dijo el fiscal. El tribunal de la Audiencia de Palma dejó el juicio visto para sentencia.