El poder judicial ha vuelto a instalarse en los titulares de la prensa y no precisamente por noticias de cariz agradable. En una misma jornada "negra para la Justicia española", la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha abierto expedientes disciplinarios a cuatro jueces "tres en Barcelona y uno en Marbella" por infringir las normas que deben regir la profesión.
Quizá los vericuetos de estas resoluciones no interesen demasiado a la ciudadanía, pero lo que sí queda de todos estos casos es un poso de sospecha, algo que el ciudadano de a pie nunca debería sentir respecto a la administración de justicia.
Que a una jueza "Pilar Ramírez, la decana de Marbella" se le acuse de cometer dos faltas muy graves "infringir las normas de incompatibilidades de los jueces y el deber de abstención en asuntos relacionados con sus familiares" y que a tres magistrados catalanes "entre ellos el presidente de la Audiencia de Barcelona, Francisco Javier Béjar" deja entrever que algo en este país no funciona como debiera.
Los jueces son, por encima de políticos, policías, médicos o lo que sea, las personas que más seguridad deberían dar al ciudadano. Precisamente porque cuando todo lo demás falla "la política, la seguridad y hasta la sanidad" el único recurso que le queda a una persona es acudir a la Justicia.
Y no se puede tolerar que en este estamento se reproduzcan una y
otra vez grietas que ponen en peligro el sistema de toda una
nación.
En estos casos que hoy destapa la prensa hay, al menos, algo de lo
que felicitarse: la rápida y ejemplarizante actuación del Consejo
General del Poder Judicial que, ante la menor duda, ha decidido
suspender de sus funciones a los jueces sospechosos hasta que se
esclarezca la situación.