El cambio de signo político en el Govern plantea más de una incógnita en el terreno sanitario y más de un problema en los próximos cuatro años en los que Balears tiene que asumir las competencias.
El mismo color político en Balears y Madrid ha permitido llegar a acuerdos como el firmado por el todavía president en funciones, Jaume Matas, y el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaria, para la cofinanciación del Hospital de Inca y la cogestión del futuro hospital Palma II (Hospital General Son Llàtzer) mediante un consorcio. Asimismo, ha permitido que cuando Insalud balear y Conselleria de Sanitat hablasen sobre gestión sanitaria ambos coincidiesen en elogiar las fundaciones (gestión privada de la sanidad) pese a las críticas de los partidos de la oposición (que defienden la gestión pública) que este viernes pasarán a tomar el mando.
En los próximos días se reunirá la Mesa Sectorial de Sanidad en Madrid que dará el visto bueno al decreto que regula las nuevas fórmulas de gestión. Estas son las fundaciones sanitarias públicas y, entre otras, el consorcio. Fórmulas que han sido duramente criticadas por Esquerra Unida y el PSIB-PSOE, partido político que estará al frente de la Conselleria de Sanitat.
Son Dureta (y también Can Misses y Monte Toro) ya ha anunciado su intención de convertirse en una fundación sanitaria pública cuando esté aprobado el decreto de Madrid pero dentro del sector sanitario se cuestiona esta decisión. Y es que en menos de cuatro años, con el traspaso de las competencias sanitarias, Son Dureta pasará a depender del Govern y cualquier decisión que se tomara sin la opinión de los nuevos inquilinos de la Conselleria de Sanitat supondría un atentado contra un Govern que tiene el poder en la ordenación sanitaria pero no las competencias de la sanidad.