El empresario y abogado Antoni Cuart recurrió a una factura falsa para justificar los 150 millones de pesetas que empleó para obtener la concesión de las obras del Túnel de Sóller, según quedó de manifiesto ayer en el juicio oral celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Palma. El testimonio del presidente de Hispanoamericana de Promociones y Construcciones, Rafael Maortúa, fue demoledor en contra de Cuart. El fiscal basó todo su interrogatorio en intentar demostrar que Cuart empleó métodos ilícitos para apropiarse del dinero.
Cuart, que pagó 50 millones de pesetas al ex presidente de Baleares Gabriel Cañellas por la adjudicación de las obras del Túnel de Sóller, se enfrenta a una pena de diez años de cárcel por los supuestos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida, según la petición del fiscal, Juan Carrau. Además, el ministerio público le exige que indemnice con 255 millones de pesetas a los accionistas de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller.
Cuart, ex presidente de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, fue juzgado como consecuencia de su participación en el denominado «caso Túnel de Sóller», que ya tiene sentencia en firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) y ratificada el pasado mes de diciembre por el Tribunal Supremo.
Según ambas sentencias, Cuart cometió un delito de cohecho al ofrecer a Cañellas 50 millones, que éste aceptó, para obtener la concesión de la mayor obra viaria jamás construida en Baleares, pero ambos fueron absueltos por prescripción del delito juzgado. Cañellas tuvo que dimitir del cargo de presidente del Govern en julio de 1995 forzado por José María Aznar ante su participación en los hechos.
En la vista celebrada ayer, instada por los accionistas de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, el fiscal detalló la estrategia seguida por el acusado para, supuestamente, emplear hasta 150 millones del dinero de la empresa para sus fines.