Por las informaciones que gotean de los diversos integrantes del bloque que quiere pactar la nueva mayoría parlamentaria en Balears y los gobiernos de Balears y Mallorca, se sabe que una de las peticiones de Unió Mallorquina, y con la que parecen estar de acuerdo no sólo el PSM sino los restantes grupos, es la de nutrir de nuevas competencias y dotaciones económicas a los consells insulars. Es una vieja aspiración de los nacionalistas mallorquines, especialmente, y de aquellos partidos que tienen o han tenido el poder en estas instituciones insulares. Parece normal que así sea.
Es decir, es claro que quienes gobiernan pretendan hacerlo con muchas competencias, lo que significa más área de poder y más dinero para invertir con los consiguientes beneficios políticos y, especialmente, electorales. Para muestra, basta el botón del Consell Insular de Mallorca. Lo que ya no es tan claro es si el reparto de competencias deba hacerse con un criterio subjetivo en lugar de aplicar la objetividad y conseguir adecuar las necesidades a las soluciones y éstas a los canales institucionales también más adecuados.
Especialmente con la amenaza que se nos avecina: aumentar el número de conselleries no a los temas que requieran una dedicación especial, sino a los cargos con que premiar apoyos al nuevo Govern, si es que lo preside el PSOE. El Estatut d'Autonomia rectificó una limitación anterior y, ahora, podría permitir que hubiera un número excesivo de carteras.
Ya sería el colmo que, a la vez que se va vaciando de contenido un Govern insular, éste aumente las conselleries, la burocracia, los gastos y los problemas de competencias institucionales. Pero ésta es otra amenaza que se cierne gracias al pacto que ya parece inevitable y que puede causar un auténtico estropicio.