La Federación de Administración Pública presentó ayer un recurso contencioso administrativo especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona contra el decreto del Govern que modifica el procedimiento de selección de funcionarios interinos en la Comunitat Autònoma. Fuentes de dicha federación explicaron que el decreto aprobado el pasado 4 de junio permite a los interinos que en la actualidad ocupan plaza en la CAIB mantener su trabajo durante al menos seis años pese a que no aprueben las oposiciones previstas para finales de año.
El recurso presentado por CC OO es de las mismas características del presentado en su día contra las oposiciones de la Comunitat. Este sindicato señala que el decreto es inconstitucional e ilegal en cuanto que antepone el criterio de antigüedad a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El Consell Consultiu emitió un informe desfavorable sobre este decreto el 18 de mayo, advirtiendo que era inconstitucional.
Por su parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT denunció ayer en un comunicado «la absoluta falta de ética demostrada por el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones (Jaume Matas) que, tras conocer perfectamente y con antelación el contenido del dictamen (del Consell Consultiu) contrario en esencia a lo decretado, firmó la disposición publicada en el Bocaib».
Para este sindicato, «los preceptos constitucionales deben ser los fundamentos de toda acción pública, política de personal incluida, y la transparencia adornar todo proceso de negociar». Es por ello que la FSP-UGT manifiesta su satisfacción sobre el pronunciamiento del Consell Consultiu «en relación al decreto de blindaje de los puestos de funcionarios interinos, dictado por el president Matas, pocos días antes de los comicios locales, autonómicos y europeos».
Tanto UGT como CC OO han mostrado su disposición a negociar un pacto de estabilidad en el empleo de la CAIB «siempre que éste se ajuste a los principios constitucionales y se proceda con la máxima transparencia y seriedad».
Asimismo CC OO está estudiando la presentación de una querella criminal por prevaricación contra la consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer, y el director general de la citada conselleria, Diego Llabrés. Esta querella se basaría en haber elaborado un informe favorable al polémico decreto pese a las advertencias del Consell Consultiu.